Gremios aeronáuticos amenazan con medidas de fuerza desde el próximo viernes contra la desregulación del sector

Los sindicatos aeronáuticos se preparan para profundizar el nivel de confrontación con el Gobierno, justo en la antesala del receso invernal. Desde este jueves, las organizaciones gremiales tienen previsto resolver medidas de fuerza y confluir en un plan de acción conjunto en rechazo al “vaciamiento” de las empresas públicas y lo que consideran una política de “desregulación salvaje”, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

En principio, la conflictividad subirá un primer escalón a partir del viernes 11 de julio. Ese día, los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) tienen previsto comenzar desde las 12 con un cronograma de acciones sindicales, que buscarán afectar el despegue de los vuelos en todos los aeropuertos del país. La organización denunció que llevan “más de 10 meses sin respuesta” ante los pedidos de aumento salarial de parte de las autoridades de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

El pasado 4 de julio, Atepsa mantuvo una audiencia con su contraparte, donde EANA y los otros organismos rechazaron el cronograma de medidas gremiales, al advertir que el esquema “no resulta viable conforme la demanda estacional”. La discrepancia sobre el alcance de la protesta surge porque los controladores aéreos son una actividad esencial, y como tal, la interrupción total puede significar riesgos para la vida y seguridad de las personas. “La autoridad aeronáutica continúa presentando informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga”, fustigaron desde la parte sindical, tras la última reunión ante la secretaría de Trabajo.

El foco de la atención, sin embargo, estará puesto en lo que ocurra un día antes, el jueves 10, cuando los cinco gremios aeronáuticos (APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y ATEPSA) confluyan en un plenario de delegados y dirigentes, con el objetivo de analizar y coordinar acciones sindicales para enfrentar las políticas actuales que “amenazan gravemente la sostenibilidad del sistema aeronáutico nacional”.

En un comunicado oficial, el frente de “sindicatos aeronáuticos unidos” denunciaron las medidas de desregulación, la extranjerización del mercado y la precarización de las condiciones laborales. Desde el punto de vista gremial, las nuevas disposiciones representan “un proceso de entrega planificada" del sector aéreo, que reviste una gravedad “inédita” a nivel de derechos laborales y estándares técnicos, en lo relativo a la seguridad operacional de los vuelos. El “vaciamiento sistemático de empresas estratégicas” como Aerolíneas Argentinas, Optar, y la posible privatización de Intercargo, son presentados como ejemplos de las consecuencias de estas políticas.

El reagrupamiento gremial, que se realizará a las 11 en la sede de APLA, coincide con una sumatoria de advertencias previas de los demás sindicatos de la actividad. Cada gremio tiene sus problemáticas específicas, y lleva adelante los conflictos como considera mejor para su colectivo. “Sin embargo, estamos organizados e intentamos avanzar todos juntos hacia las medidas de fuerza. Por ahora no tenemos fecha ni modalidad para medida conjunta, pero lo estamos analizando y trabajando”, indicaron fuentes gremiales.

En principio, el sindicato de pilotos APLA, que encabeza por Pablo Biró, aprobó por unanimidad realizar un paro nacional de actividades en rechazo al Decreto 378/2025, que establece una reducción de los tiempos mínimos de descanso para el personal de vuelo y amplía los márgenes de horas máximas de vuelo permitidas. La fecha de la huelga no está confirmada, pero esa moción estará latente en el menú de acciones a ser considerado por el próximo plenario del jueves.

Para los pilotos, el cambio regulatorio representa un “ataque directo a la seguridad operacional y las condiciones laborales de las tripulaciones”. El sindicato enfatizó que esta reducción impacta en la capacidad de recuperación y expone a la aviación nacional a mayores riesgos de fatiga y potenciales incidentes de vuelo críticos.

En ese marco, el Gobierno decidió suspender la inmediata aplicación de la normativa por 90 días, por pedido de las empresas de aerolíneas. Pero la resolución sigue en pie. Desde la cartera de Sturzenegger, se justificó la estrategia de desregulación del “régimen laboral aeronáutico” porque permitirían una mayor flexibilidad empresarial, de acuerdo al alineamiento con los estándares de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Según la visión oficial, con el esquema anterior se “aumentaban innecesariamente los costos operativos de las aerolíneas”.

El malestar sindical se mantiene vigente. En junio, los sindicatos aeronáuticos presentaron ante el Comité de Libertad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el Gobierno por violar a los principios de derecho de huelga. Entre los puntos rechazados, se destaca la declaración de la actividad aeronáutica como “servicio esencial”. Lo previsible es que vuelva a crecer la tensión con el Poder Ejecutivo sobre ese punto, ante la convergencia y la posible escalada de protestas, en la víspera de la temporada alta de vacaciones de invierno, una de las de mayor tráfico aerocomercial.

En el comunicado conjunto frente al plenario, los gremios justificaron el conflicto ante “la falta de inversión, la pérdida de profesionales y la improvisación en la gestión”. Están listos para dar una respuesta “colectiva, contundente y organizada” en “defensa de nuestra soberanía aérea, nuestras fuentes laborales y la seguridad operacional”. “No hay margen para la indiferencia. Está en juego el futuro de la aviación argentina”, anticiparon.

Con un paso adelante sobre el resto de los otros sindicatos, Atepsa ratificó un plan de acciones que abarca un total de diez días con acciones gremiales durante el mes de julio. Las medidas consisten en no recibir ni transmitir los planes de vuelo en los horarios publicados, y apuntan a afectar el despegue de aeronaves, a excepción de las operaciones sanitarias, humanitarias o de emergencia. Para este gremio, se “agotaron todas las instancias administrativas” para destrabar el conflicto.